El 1 de septiembre de 2026, el Departamento de Justicia (DOJ) emitió un nuevo dictamen jurídico que establece que el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) puede condicionar el financiamiento de programas que atienden a personas de bajos ingresos a que los estados compartan información con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobre personas que los estados “sepan” que no se encuentran legalmente presentes. Este dictamen jurídico no cambia por sí solo la política del HHS ni de ninguna otra agencia federal, ni los requisitos estatales.