WASHINGTON — Defensores de la vivienda asequible y de las familias inmigrantes informaron el lunes a los periodistas sobre las consecuencias en materia de vivienda de una nueva regulación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EE. UU. que entró en vigencia el 18 de septiembre. La regulación de “carga pública” de la administración Trump pone en riesgo las solicitudes de “tarjeta de residencia” (green card) si los inmigrantes presentes legalmente utilizan programas de vivienda u otros servicios sociales o de salud, o si sus hijos ciudadanos estadounidenses utilizan dichos programas.
“Esta normativa es un ataque directo a las familias inmigrantes y una amenaza para la salud de millones de niños ciudadanos estadounidenses”, afirmó Maddie Geschu, directora de políticas e incidencia de la Coalición Protegiendo a las Familias Inmigrantes.
La política de la administración Trump rescinde las normativas adoptadas en 2022 que limitaban el tipo de beneficios considerados en una prueba de carga pública a la asistencia en efectivo para el mantenimiento de ingresos o la institucionalización a largo plazo a expensas del gobierno. Al eliminar esas protecciones, se abre el proceso a la influencia política y al sesgo personal.
Una regulación relacionada de Trump sobre la carga pública implementada en febrero de 2020 fue declarado ilegal por un tribunal federal y fue derogada en marzo de 2021. Aunque la aplicación técnica de esa normativa se limitaba a un pequeño número de inmigrantes en situación legal que solicitaban la tarjeta de residencia, su “efecto disuasorio” fue mucho más amplio. Una encuesta realizada en 2021 reveló que Aproximadamente la mitad (46%) de las personas de familias inmigrantes que necesitaban cuidados o ayuda durante la pandemia no lo solicitaron. debido a preocupaciones relacionadas con la inmigración.
“Al disuadir a las familias de inmigrantes de solicitar recursos para los que son elegibles, la administración Trump está impidiendo que los niños, las personas mayores y las familias trabajadoras accedan a programas de vivienda fundamentales”, dijo David Gonzalez Rice, vicepresidentes sénior de políticas públicas de la Coalición Nacional de Vivienda para Bajos Ingresos. “Los estadounidenses no quieren que la política migratoria ni la política de vivienda sean así. Las familias inmigrantes, como cualquier familia, merecen una vivienda digna, segura y asequible”.”
Con las familias inmigrantes representan el 28% de la población del país, la regulación definitiva sobre la «carga pública» pone en riesgo la salud y el bienestar de millones de personas y socava la estabilidad sanitaria y económica del país. Y como la mitad de las personas en familias de inmigrantes son ciudadanos estadounidenses, el perjuicio resultante de esta regulación se extiende mucho más allá de los inmigrantes.
Geschu y Gonzalez Rice, junto con Kate Walz, asesora sénior de políticas de Housing Action Illinois, hablaron con los periodistas el lunes por teleconferencia. Una copia de la grabación está disponible para los periodistas que la soliciten.
