Comunicado de prensa
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Ed Walz
WASHINGTON — A nueva normativa sobre “carga pública” que entra en vigor hoy añade protecciones fundamentales para garantizar el acceso de las familias inmigrantes a la red de seguridad de los servicios sociales y sanitarios. Desde que se finalizó la normativa en septiembre, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) ha estado preparando formularios y directrices para aplicar la nueva política. Las solicitudes de residencia permanente (’tarjeta verde“) presentadas a partir de hoy se tramitarán con arreglo a la nueva política.
La normativa de Biden restablece en gran medida la política de carga pública vigente durante los 20 años anteriores a la administración Trump. La normativa de Biden también introduce una mejora solicitada por más de 1000 organizaciones coordinado por el Coalición para la Protección de las Familias Inmigrantes (PIF): dejando muy claro que el DHS no tendrá en cuenta el uso de programas de salud, nutrición o vivienda a la hora de tomar decisiones en materia de inmigración. La normativa de Trump sobre la carga pública fue ampliamente citada por amplificar el impacto de la pandemia en las familias de color y socavar la respuesta a la pandemia. Investigación realizada por la organización no partidista Instituto Urbano y otros confirman que el “efecto disuasorio” de la política de Trump hace que los inmigrantes y sus familias eviten acceder a la atención médica, la nutrición y otros programas, y sigue socavando la recuperación y la equidad ante la pandemia. En respuesta a la fecha de entrada en vigor, la coalición PIF emitió la siguiente declaración de su directora, Adriana Cadena:
“La regulación de carga pública de Biden es una gran victoria para las familias inmigrantes. Aclara lo que se considera y lo que no se considera en una determinación de carga pública, lo que garantiza que las familias inmigrantes elegibles puedan utilizar los programas de atención médica, nutrición y vivienda sin preocupaciones por la carga pública. Sabemos que los políticos antiinmigrantes atacarán esta reforma mediante litigios partidistas, pero hay motivos sólidos para que un tribunal mantenga la norma”.”
