EL PASO, TEXAS - Una demanda presentada el lunes por 21 estados y el Distrito de Columbia sostiene que la regulación de “carga pública” de la administración Trump viola la Ley Federal de Inmigración y Nacionalidad y que es arbitraria y caprichosa en violación de la Ley de Procedimiento Administrativo. Los estados demandantes, encabezados por Nueva York, California e Illinois, argumentan que la regulación socavará sus prioridades de salud y bienestar social y causará daños económicos. La demanda fue presentada en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York, y los estados demandantes solicitan al tribunal que anule la regulación, la cual de otro modo entrará en vigor el viernes.
Los argumentos de los demandantes sobre la excesiva amplitud, arbitrariedad y consecuencias de la regulación son paralelos a los detallados por un comentario en contra de la regulación propuesta, liderada por la coalición Protecting Immigrant Families y cofirmada por 725 organizaciones en todo el país. El comentario describe la reversión por parte de la regulación de salvaguardas de sentido común contra las decisiones de residencia permanente (tarjeta verde) arbitrarias y sesgadas, abriendo el proceso de residencia permanente a la influencia política y al prejuicio personal.
En respuesta a la presentación de la demanda, la Coalición Proteguendo a las Familias Inmigrantes emitió la siguiente declaración de su directora ejecutiva, Adriana Cadena.
“Aplaudimos a la fiscal general James, al fiscal general Bonta, al fiscal general Raoul y a sus colegas por mantenerse firmes en contra de esta política abusiva y por apoyar a las personas a las que sirven. Esta peligrosa regulación es un ataque directo a las familias de inmigrantes y una amenaza para la salud y la seguridad económica de nuestro país, y esperamos que el tribunal actúe con rapidez para anularla.”
