La regulación de Biden no logró reducir las barreras de acceso a la red de seguridad que enfrentan las familias migrantes, afirman los defensores

WASHINGTON — La normativa sobre “carga pública” de la Administración Biden entró en vigor el 23 de diciembre de 2022. Los defensores celebraron la normativa como una gran victoria para las familias inmigrantes, citando su potencial para descongelar el “efecto disuasorio” que ha impedido a millones de familias inmigrantes buscar atención médica y servicios sociales. Ese efecto fue generado por las regulaciones de la Administración Trump que ponían en riesgo las solicitudes de tarjeta verde si los inmigrantes que reunían los requisitos para Medicaid, la ayuda alimentaria “SNAP” y la ayuda para la vivienda “Sección 8” utilizaban esos programas. Un año después de la fecha de entrada en vigor de la normativa de Biden, el análisis más reciente del Urban Institute, una organización no partidista, muestra que el efecto disuasorio sigue siendo una barrera, con 251 000 personas de familias con estatus mixto evitan los programas de atención médica y servicios sociales. debido a preocupaciones relacionadas con la inmigración. Esto no ha cambiado mucho con respecto al efecto disuasorio que se produjo al final de la administración Trump, lo que demuestra que la administración Biden no ha logrado comunicar el cambio de política a las personas que necesitan conocerlo. En respuesta al aniversario de la fecha de entrada en vigor, la coalición Protecting Immigrant Families (Proteger a las familias inmigrantes) publicó la siguiente declaración de su directora, Adriana Cadena: “La normativa de Biden sobre la carga pública podría haber mejorado drásticamente el acceso de las familias inmigrantes a la atención médica y los servicios sociales, pero simplemente no lo ha hecho. La administración no ha logrado mitigar las preocupaciones generadas por la política de carga pública de Trump, y las familias inmigrantes siguen evitando los programas diseñados para proporcionarles la ayuda que necesitan desesperadamente. La administración sabe cómo hacerlo mejor: durante la pandemia, se asoció con organizaciones sin fines de lucro para reducir las barreras a las pruebas y la vacunación contra la COVID-19 en las comunidades de inmigrantes. Para alcanzar sus propios objetivos de equidad, la administración Biden debe comprometer recursos reales para llegar a las familias inmigrantes’.”