Defensores: la política migratoria no se ve afectada por la demanda de Texas

WASHINGTON — El estado de Texas presentó el jueves una demanda ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas, impugnando las regulaciones de “carga pública” del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de los Estados Unidos. La regulación de Biden garantiza a los inmigrantes que se encuentran legalmente en el país y a sus familias el acceso a los programas de protección social y de salud a los que tienen derecho en virtud de la legislación federal. La regulación, que se finalizó en septiembre, en gran medida... restaura y mejora sobre la política de carga pública vigente durante los 20 años anteriores a la administración Trump y es coherente con un siglo de práctica previa. El DHS elaboró la normativa mediante un riguroso proceso descrito en la Ley de Procedimiento Administrativo, que regula la forma en que las agencias federales elaboran o modifican las normativas. En respuesta a la presentación de la demanda, la coalición PIF emitió la siguiente declaración de su directora, Adriana Cadena: “Esto es política, pura y simple. La nueva normativa definitiva sobre la carga pública simplemente garantiza que las personas —especialmente las personas de color— que reúnen los requisitos para recibir atención médica y servicios sociales en virtud de la legislación federal puedan solicitar ayuda sin temor. Dado que las disparidades en materia de salud, hambre y vivienda persisten en todo el país, esto es ahora más importante que nunca. Es decepcionante que el fiscal general de Texas, Ken Paxton, ponga en riesgo la salud y el bienestar de la nación por motivos políticos, pero no es sorprendente. Esperamos que el Tribunal vea esto como la maniobra política que es y desestime este cínico ataque contra las familias inmigrantes”.”