Las investigaciones han confirmado que el periodo previo a la entrada en vigor de la política de carga pública de Trump y su implementación crearon un “efecto disuasorio” pronunciado y persistente, que llevó a los inmigrantes y sus familiares a darse de baja o a no inscribirse en programas esenciales de salud, nutrición y apoyo económico a los que tenían derecho, como Medicaid, el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP) y el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).